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"Desmedida violación a los derechos humanos"
"Mi más profundo respeto por su actitud valiente de afrontar la Justicia y defenderse de una acusación formal que aún no llega", dice don Jorge Francisco Chaves en una carta que envió el 7 de noviembre de 2006 al Ex Presidente y Secretario General de la OEA, Miguel Angel Rodríguez, y la cual reproducimos seguidamente:
 
Ciudad Quesada, San Carlos, 7 de noviembre del año 2006.



DR. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ECHEVERRIA.
Hace mucho tiempo que no me siento seguro del sistema jurídico costarricense y menos aún del Ministerio Público, la forma en la que este actuó en sonados casos judiciales, me hizo comprender que el poder desmedido y/o arbitrario puede acabar en un solo caso con toda la tradición de Estado Liberal Democrático de nuestra patria; la causa en su contra es una muestra de antología. Ya no interesan los hechos porque las formas procesales desmedidas y/o injustificadas e ilegales, deformaron la psiquis de la opinión pública, pero más grave aún la psiquis de los Jueces, los cuales sin duda (aunque añoro que así no sea) tendrán que responder a un derecho penal eficientista, el cual según las palabras del Dr. Juan Marcos Rivero Sánchez, sacrifica en el altar de la represión la fe en la legitimidad del sistema. Después de la desmedida violación a los derechos humanos en su caso y la sentencia de muerte dictada en su contra por los medios de comunicación, difícilmente existiría Juez imparcial y citando nuevamente al Dr. Rivero Sánchez, un Juez imparcial es, ciertamente, la principal de todas las garantías procesales y sin la cual todas las demás son letra muerta.

Es necesario ponerle límites y contrapesos al Leviatán de Hobbs, porque si el Ius Puniendi estatal se utiliza sin frenos, dejando de lado todas las teorías garantistas y de derechos humanos, como ocurrió en su contra, que le puede esperar a un simple ciudadano que cae en manos del “sistema”.

Cabes preguntarse ¿Qué es el derecho penal? ¿Por qué decimos que debe de estar sujeto a límites y garantías? Será suficiente con responder que el derecho penal es la potestad estatal de castigar los delitos cometidos por los individuos en sociedad; o por el contrario será necesario una respuesta dotada de contenido sociológico, el autor Luigi Ferrajoli expone que: el derecho penal, aún cuando este rodeado de límites y garantías, conserva siempre una intrínseca brutalidad que hace problemática e incierta su legitimidad moral y política. La pena, cualquiera que sea la forma en que se la justifique y circunscriba, es en efecto una segunda violencia que se añade al delito y que está programada y puesta en acto por una colectividad organizada contra un individuo. Si la propiedad privada fue llamada por Beccaria un terrible y quizás no necesario derecho, la potestad de castigar y de juzgar es seguramente, como escribieron Montesquieu y Condorcet, el más terrible y odioso de los poderes: el que se ejerce de la manera más violenta y directa sobre las personas y en el que se manifiesta de la forma más conflictiva la relación entre estado y ciudadano, entre autoridad y libertad, entre seguridad social y derechos individuales. Es por lo que el derecho penal ha estado siempre en el centro de la reflexión jurídico-filosófica. Su fundamentación racional, aún en el variar de los criterios de racionalidad, ha sido invariablemente considera equivalente a su justificación ético-política; mientras su irracionalidad ha sido siempre, por el contrario, equiparada al despotismo y al abuso del poder. Al mismo tiempo, su rígida disciplina jurídica, mediante técnicas específicas de limitación y de legitimación legal, se ha revelado como la principal garantía de la racionalidad y de la justificación del poder de castigar, de prohibir y de juzgar.

Los Robespierres como atinadamente usted los llama, lejos de dar la cara, actualmente esconden la cara, buscan impunidad e inmunidad.

Anhelo volver a sentir seguridad jurídica como quizá de igual forma lo anhele usted, ojalá y los Tribunales de la República nos devuelvan esa confianza en el Derecho Penal Democrático que fue, y es mancillado, deshonrado y deslegitimado cuando se obvian las formas procesales, las garantías instituidas a favor del individuo. La legitimación es quizá la piedra angular de todo sistema de gobierno Repúblicano, cabe preguntarse ¿Después de tanto innecesario atropello a las garantías individuales, quién o quienes se sienten legitimados para seguir infligiendo desconfianza e inseguridad a todos los individuos y en especial a los operadores del derecho? Parece que nadie quiere DAR LA CARA.

Mi más profundo respeto por su actitud valiente de afrontar la Justicia y defenderse de una acusación formal que aún no llega.

Jorge Francisco Chaves B.

 
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